Alianza gobierno-fujimoristas entra en crisis en Perú

La alianza tácita entre el gobierno de Perú y la bancada parlamentaria del ex presidente Alberto Fujimori entró hoy en crisis como secuela de la extradición del reo.
El presidente Alan García se vio precisado anoche a aclarar que no es carcelero de nadie y reiterar su respeto a la dignidad del preso, luego que la hija de este, Keiko Fujimori, acusó al mandatario de querer "enterrarlo vivo".
García aclaró que son los jueces y las autoridades pentenciarias quienes deciden las condiciones de reclusión del ex gobernante extraditado el sábado último desde Chile y detenido en un cuartel de tropas de élite de la policía.
Pidió al mismo tiempo serenidad, frente a los ataques de Keiko y la furia de los parlamentarios y seguidores de Fujimori, por las supuestas condiciones de extrema dureza e incomodidad del encierro.
Aclaró que el prisionero cuenta con las condiciones necesarias y apuntó que no todos los presos cuentan con una sala de recibo de visitas y un baño exclusivo.
Un video del Instituto Nacional Penitenciario mostró la amplitud del departamento asignado al reo, con un amplio patio incluido.
El jefe de Estado consideró que las autoridades concernidas le darán mayores condiciones si estas son pedidas con serenidad, para que nada perturbe el proceso.
Dijo también que la reacción de Keiko Fujimori es comprensible, teniendo en cuenta la situación de su padre, y pidió serenidad a acusadores, juzgadores y juzgados.
Previamente, el presidente apuntó que Fujimori no fue mostrado en una jaula ni con traje a rayas, en alusión a lo que el gobierno de Fujimori (1990-2000) hizo con el capturado jefe del grupo armado Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
Entretanto, el analista político Fernando Tuesta señaló que la arremetida de los fujimoristas -acusados además de destruir un monumento a las víctimas de la guerra interna de pasadas décadas- no busca realmente mejores condiciones para el preso.
En realidad, señaló, buscan presionar al gobierno para que influya a favor del acusado en los siete procesos que deberá afrontar por delitos de lesa humanidad y corrupción, lo que pone a prueba al ejecutivo.
La estrategia se complementa con declaraciones de dirigentes fujimoristas, de conformidad con los jueces a cargo de los juicios a Fujimori pero su cuestionamiento de las condiciones externas, agrega.
Diversos medios de prensa denuncian como chantaje las advertencias de Keiko Fujimori, en el sentido que las relaciones entre su bancada y el gobernante Partido Aprista están deterioradas por el supuesto mal trato a su padre.
La pequeña representación fujimorista en el Congreso ha dado al gobierno votos decisivos en temas claves económicos y políticos.
El secretario general del aprismo, Mauricio Mulder, dijo que tal chantaje sería un grave error del fujimorismo y ameritaría una reacción en defensa de la legalidad.
En términos similares se pronunció el congresista aprista César Zumaeta, quien descartó que los seguidores del preso puedan desestabilizar al Gobierno con la generación de una crisis política desde el Congreso.