Se hace justicia con Cuba en Ginebra

Una larga batalla de 20 años llegó hoy a feliz término en el nuevo Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas al eliminarse el mandato que fiscalizaba a Cuba con una óptica manipulada.
En conversación con Prensa Latina, el embajador cubano ante organismos internacionales en Ginebra, Juan Antonio Fernández, destacó que se trata de una victoria y un reconocimiento al prestigio internacional de la isla caribeña.
"Es en realidad un gran éxito que se haya puesto fin al mandato de la llamada Representante Especial que seguía los mecanismos politizados de la desaparecida y desacreditada Comisión de Derechos Humanos", subrayó Fernández.
El mexicano Luis Alfonso de De Alba, presidente de turno del CDH, consideró este martes que la adopción final del reglamento "es una decisión de dimensiones históricas".
"Supone el inicio de una nueva era para Naciones Unidas y también el inicio de una nueva cultura del tratamiento de los derechos humanos", añadió visiblemente satisfecho.
El jefe de la misión permanente de Cuba en Ginebra recalcó que el resultado refleja en verdad "lo máximo posible que se puede obtener en el mundo en que vivimos".
"No estamos enteramente satisfechos. Tenemos preocupaciones sobre el nuevo mecanismo de revisión universal y esperamos que no se convierta en otro instrumento politizado y de dobles raseros. Le damos por el momento el privilegio de la duda", añadió.
Fernández lamentó que quedaran algunos mandatos para países del Tercer Mundo y, al mismo tiempo, ponderó los esfuerzos de China, "que con una visión estratégica, dio pasos para evitar que se repitan prácticas politizadas y de selectividad".
El embajador cubano comentó, además, que en la futura agenda del CDH, que reiniciará sesiones en septiembre próximo, el tema de Palestina se mantiene vigente, así como la posibilidad de atender casos de violaciones de derechos humanos en cualquier parte del mundo.
Se hizo justicia con Cuba, estamos muy satisfechos, pero la lucha no ha terminado, acotó el diplomático.
El reglamento aprobado, un texto de 47 páginas, toma distancia de esquemas que fueron permanentemente manzana de la discordia y proyecta un régimen universal de análisis de las situaciones en los diferentes territorios.
Entre las ideas planteadas está el examen cada cuatro años de todos los países por tres Estados elegidos al azar, que contarían con la asistencia del Alto Comisariado de la ONU para los Derechos Humanos y de organizaciones no gubernamentales.